Lo que Trump no sabe de Puerto Rico

Las colonias siempre fueron adquiridas por los imperios para ser explotadas económicamente a favor de ese imperio. El caso de Puerto Rico no es diferente al historial de colonias explotadas en el mundo. Las expresiones perversas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra Puerto Rico, desde la tragedia del huracán María hasta la más reciente amenaza de otro fenómeno atmosférico, demuestran, además de su desprecio a todo lo que sea hispano, un desconocimiento de nuestra historia. La responsabilidad no asumida por el gobierno de los Estados Unidos sobre los asuntos del territorio, desde las casas acreditadoras que fomentaron el endeudamiento del país en décadas recientes, hasta el modelaje respecto a casos de corrupción y el aprovechamiento del poder sobre el territorio para beneficios multimillonarios de los intereses del capital estadounidense, a principios de la adquisición del territorio, son solo algunos puntos de la larga lista que Trump parece desconocer.

Los primeros gobernantes que se distinguieron por serios conflictos de interés y actos de corrupción fueron precisamente estadounidenses, nombrados por presidentes de los Estados Unidos al territorio adquirido por un acto de guerra en 1898. Charles Herbert Allen, primer gobernador civil, pocos meses después de ser nombrado renunció sorpresivamente, pero no antes de conseguir infinidad de concesiones de terrenos, subsidios de contribuciones, derechos de uso de agua, facilidades de vías para trenes de carga, pre compromisos de ventas y tarifas preferenciales para sus planes futuros. Entonces, se fue a Wall Street y luego de ser vicepresidente del Morton Trust Company, fundó la American Sugar Company, que para 1907, gracias a esos negocios que hizo en Puerto Rico, ya era la más grande del mundo en su campo. Con estas movidas Allen se hizo multimillonario y llegó a conocerse como el Rey del Azúcar.

El otro notorio precursor de la corrupción gubernamental lo fue Emmet Montgomery Reilly, a quien los boricuas bautizaron como Moncho Reyes, allá para el 1921. Moncho, tan pronto asumió el cargo, sustituyó funcionarios del gobierno por personas que le fueran afines a sus componendas. La corrupción que propició este individuo fue tal que tuvo que ser investigado por las autoridades locales y cuando estaba a punto de ser procesado el presidente Harding, que lo había nombrado, se lo llevó del país.

Desde 1917 los puertorriqueños han servido en guerras estadounidenses sin haber participado en las elecciones que escogieron a los que tomaron esas decisiones:  en la Primera Guerra Mundial, sobre 18,000; más de 60.000 en la Segunda Guerra Mundial, casi 70,000 en la Guerra de Corea; y cerca de 50.000 en la de Vietnam, eso sin contar los conflictos recientes. ¿Quién debe agradecerle a quién?  

Las leyes de cabotaje, aprobadas en 1920 como Ley de la Marina Mercante, que han encarecido por décadas los productos que el puertorriqueño consume, han aportado desde esa fecha, miles de millones de dólares a las arcas de esas compañías estadounidenses que tienen un monopolio respecto a la transportación de productos a Puerto Rico. El 85% de lo que Puerto Rico consume lo importa desde los Estados Unidos, convirtiendo a este pequeño país caribeño en uno de los mercados de importación más importantes para las empresas estadounidenses

En el 2008, la economista Rosario Rivera, profesora universitaria, hizo un estudio que valida muchos otros respecto al monto de las llamadas aportaciones federales al país versus el rendimiento de capital de las empresas estadounidenses en la isla. El estudio arrojó números que proporcionalmente no han variado mucho en la década siguiente: $16,611.50 millones se recibían en fondos federales brutos de los cuales $10,041.40 eran ya derechos adquiridos por el Seguro Social, el Medicare y pagos a Veteranos. El balance real, al quitar esos derechos adquiridos, es de $6,570.10 millones. Sin embargo, el negocio del territorio arrojaba un balance muy positivo para el capital estadounidense de unos $42,489 millones, compuesto por: $22,600 millones en importaciones, $1,500 millones en fletes obligados por las leyes de cabotaje, $35,000 millones de rendimiento de capital de las empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico menos los $16,611.50 millones brutos de dinero federal entrante. Esa relación no ha variado mucho y siempre arroja un extraordinario balance entre dinero federal entrante y dinero puertorriqueño que sale. Cabe entonces preguntarse: ¿Quién le debe agradecimiento a quién?

Pero también nos podemos hacer otras preguntas: ¿Cuánto se nos debe por las tierras utilizadas para bases militares, luego abandonadas en total estado de contaminación? ¿Cuánto por el agua usada gratuitamente para suplir las necesidades de esas bases militares? ¿Cuánto por el daño de la decisión unilateral de eliminar los beneficios a las empresas 936 en 1996 que sumió a la economía puertorriqueña en un hoyo fiscal del cual no ha podido salir? ¿Cuánto por usar a nuestras mujeres de conejillos de indias para la esterilización y la experimentación con la píldora contraceptiva, ampliamente documentado en investigaciones periodísticas y en el documental La Operación de la cineasta Ana María García? ¿Cuánto por hacer pruebas con el agente naranja en el Yunque, investigado por científicos puertorriqueños y aceptado luego por el propio ejército de los Estados Unidos?

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien recientemente asumió el cargo, y la comisionada residente Jennifer González, que es parte del comité hispano de campaña del presidente Donald Trump, no se han atrevido a responder los insultos del presidente como nuestro pueblo exige. A falta de ello, los que hemos estudiado la historia de nuestro país, nos corresponde hacerlo.

 

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